Inicia Proyecto PASCA

El proyecto es liderado por la REDLAD con el respaldo de más organizaciones con presencia subregional en el continente.

Comité de Coordinadores Generales y Directora Ejecutiva

Reunión de Fortalecimiento del Comité de Coordinación realizada en febrero 2016.

Dialogo con candidatos a Relatores CIDH

En el marco de la Asamblea de OEA realizada en Paraguay.

Taller con Pueblos originaros

Preparación para la Cumbre de las Américas

11 de agosto de 2016

Reporte 1 - Panamá

Civic Space Monitor
Reporte #1
Panamá
2016-08-03

Libertad de asociación
Desde el punto de vista formal, el derecho de asociación en Panamá se encuentra protegido. La constitución panameña en el artículo 39 establece que “es permitido formar compañías, asociaciones, y fundaciones”. No obstante, el mismo artículo aclara que se permitirán siempre que “no sean contrarias a la moral o al orden legal”. A pesar de que no se identificaron casos de organizaciones de la sociedad civil que hayan sido obligadas a cerrar, el hecho de incluir la moral en la constitución, cuya definición varía según quien lo interprete, puede llegar a representar una amenaza para las OSC. Si la estabilidad política del país llegara a cambiar, de existir fuerzas interesadas en silenciar a la sociedad civil, ya tendrían una herramienta constitucional para hacerlo.

Ahora bien, desde el punto de vista material, el ambiente para el trabajo de las OSC en Panamá continúa siendo favorable. Esto lo reflejan las calificaciones que el país obtiene en los índices elaborados por la sociedad civil. En el reporte de Freedom House de la Libertad en el Mundo (2015), el país obtuvo 11 puntos sobre 12 en cuanto al derecho de asociación. En el Índice de Ambiente Habilitante elaborado por CIVICUS, el país se ubicó en la posición 44 sobre 109 países obteniendo una calificación de 0.57 en una escala de 0 a 1 siendo 1 las mejores condiciones para el trabajo de las OSC.

Aún así, en el último año fueron identificadas algunas dificultades para el trabajo de poblaciones específicas. En octubre de 2015, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos de las personas trans en Panamá, se pusieron en evidencia algunas situaciones que demuestran que aún existe discriminación contra esta población.

Los representantes de la comunidad trans de Panamá denunciaron que en el país es constante el hostigamiento por parte de la policía a través de la extorsión o la solicitud de favores sexuales. Además de una excesiva burocracia en el Tribunal Electoral - órgano encargado del registro civil y expedición de documentos de identidad - al momento de querer solicitar el cambio de sexo y nombre en la cédula que en muchos casos impide que el trámite pueda culminar con éxito. Estas situaciones ocasionan que estos grupos no puedan gozar de la totalidad de sus derechos, entre ellos el de asociación por el temor que genera la persecución y el hostigamiento de la policía.

Libertad de reunión pacífica
La protesta pacífica en Panamá no presenta ninguna represión en la mayoría de los casos, especialmente cuando se desarrolla en la capital. Sin embargo, en las áreas rurales fue donde se identificaron casos de represión policial cuando se trató de alzar la voz contra megaproyectos de generación de energía. En octubre de 2015, un grupo de habitantes de la zona de Panamá Oeste trató de impedir el transporte de un motor que buscaba ampliar la capacidad de producción de una termoeléctrica alegando que la cercanía de la planta estaba ocasionando problemas de salud a la comunidad. Esta protesta fue rápidamente reprimida por la policía la cual usó gases lacrimógenos para levantar el bloqueo de la vía.
Durante la represión, dos personas fueron capturadas y otra persona que intentó resistirse al arresto fue afectada por el uso de gas pimienta.

En mayo de 2016, miembros de la comunidad Ngäbe Buglé, fueron reprimidos por las fuerzas policiales luego de que se manifestaron por la decisión de inundar parte de su comarca por parte del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

Periodistas de medios locales reportaron que algunos líderes indígenas fueron arrestados:
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Foto: Didier Hernán Gil (@periodistagil) / Diario Día A Día

Mientras que la Policía Nacional, en su cuenta de twitter, desmintió la represión y aclararon que su presencia en la zona era para garantizar la seguridad de los protestantes.
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Foto vía Twitter: @protegeryservir

Libertad de expresión
En lo corrido de 2016, los periodistas han tenido la capacidad de trabajar prácticamente sin ninguna restricción. Sin embargo, ha habido casos específicos de amenazas o persecución contra periodistas lo que explica la caída que ha tenido el país en algunos índices que miden la libertad de expresión en el mundo. En el reporte de la Libertad de Prensa (2016) elaborado por Freedom House, el país fue calificado de ‘parcialmente libre’, mientras que en el índice de Reporteros Sin Fronteras (2016), Panamá perdió 8 puestos con respecto a 2015, ubicándose en el puesto 91 sobre 180 países. La organización escribió sobre el país: “la cobertura de temas como la corrupción o las políticas gubernamentales puede desencadenar procesos legales por difamación” (RSF, 2016).

Ahora bien, lo descrito por RSF se evidenció en dos casos en los cuales dos medios de comunicación se vieron afectados por publicar artículos criticando o denunciando actuaciones de personajes de la vida política del país.

El primero ocurrió en diciembre de 2015 cuando un juez ordenó al Diario La Prensa, un medio local, a pagar una multa de 600,000 dólares estadounidenses a la empresa Transcaribe Trading Company. Esto, luego de una demanda que impuso la empresa contra el diario por un reportaje publicado en 2012 en el cual se denunciaba la adjudicación irregular de obras por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Luego en enero de 2016, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al diario Panamá América, otro diario local, pagar 25,000 dólares al ex Ministro Winston Spadafora luego de que el diario denunciara la utilización de recursos del Fondo de Inversión Social para la construcción de una carretera que benefició una finca del ex Ministro.

Finalmente, en junio, la periodista Ligia Arreaga Quinto denunció que recibió amenazas a su vida por las constantes denuncias que hace para mostrar los abusos de las hidroeléctricas en Darién y así evitar que esos proyectos se lleven a cabo en esa región.

En el informe presentado el 7 de abril de 2016, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoció que, a pesar de los mencionados casos, la labor del periodista en Panamá sigue estando en su mayoría libre de riesgos y restricciones y que incluso un anteproyecto de ley que imponía fuertes restricciones a la libertad de expresión fue descartado en la Asamblea Nacional.

Descripción Monitor Cívico

El Monitor de Espacio Cívico de CIVICUS es una plataforma que busca hacer una evaluación de la situación del ambiente habilitante en todo el mundo. Los ejes para evaluar la situación son la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica, libertad de asociación y un eje transversal que es la capacidad del Estado para proteger esas libertades. De acuerdo a la situación del ambiente habilitante, los países se clasifican en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto. 

Esa clasificación se otorga haciendo un análisis de diferentes fuentes de información como: entrevistas a activistas locales, encuestas, revisión de prensa, revisión de otros indices nacionales e internacionales, artículos académicos y oficiales, y otros reportes de CIVICUS sobre los países. Para tener una visión lo más cercana y acertada posible a los países, CIVICUS desarrolló una red de investigadores en diferentes lugares del mundo a los cuales les asignó la evaluación de un grupo de países tomando en cuenta la cercanía geográfica y de trabajo que cada una de las organizaciones tiene. En el caso de REDLAD, los países asignados son: Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice, El Salvador, Bolivia, y Panamá.

Reporte 1 - Bolivia

Civic Space Monitor
2016-07-27
Reporte #1
Bolivia

Libertad de asociación
El 6 de julio de 2016 el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró constitucional la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas que le da la potestad al poder ejecutivo de retirar la personalidad jurídica a organizaciones sociales que consideren no están trabajando por el desarrollo económico y social del país.

La Ley 351 establece los datos que debe registrar una organización de la sociedad civil (OSC) con el fin de obtener la personalidad jurídica (denominación, naturaleza, domicilio, objeto, miembros, etc). No obstante, en el Parágrafo II del Artículo 7, la ley establece que además de los requisitos anteriores, las OSC deben presentar un documento en el cual expliquen su aporte al desarrollo económico y social del país. Más adelante en la ley, en el artículo 14, se establece que se retirará la personalidad jurídica de las organizaciones sociales que no cumplan con la ley y que desarrollen actividades diferentes de todas aquellas mencionadas al momento del registro.

Lo anterior ha generado una sensación de incertidumbre entre las OSC ya que consideran que la ley deja un área gris a discreción del ejecutivo para determinar cuándo una OSC deja de aportar al desarrollo económico y social del país. Esta puede ser una herramienta legal que use el Gobierno para cerrar OSC que considere que no están alineadas con sus proyectos y seguir cerrando espacios para la sociedad civil en el país. Las organizaciones que más se pueden ver afectadas por esta decisión del Tribunal Constitucional son las organizaciones que trabajan por el medio ambiente debido a la política de Evo Morales de explotación de hidrocarburos.

El presidente Morales ya fue enfático en que expulsará del país a las OSC que se opongan a la explotación de hidrocarburos. En junio de 2015, durante la inauguración de un pozo petrolífero, declaró que si bien Bolivia tiene el deber de cuidar la madre tierra, también tiene el derecho de explotar los recursos minerales que tiene para mejorar las condiciones de vida de su población. Debido a eso, “ONG o fundación que se oponga a la explotación de hidrocarburos se irá de Bolivia” (Morales, 2015).

El hecho que la Ley 315 haya sido aprobada por el legislativo, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, y la actitud del presidente Morales frente a las OSC que trabajan temas medioambientales, permite concluir que la libertad de asociación está siendo fuertemente restringida en Bolivia. Existe una amenaza a esta libertad desde el Estado boliviano en su totalidad desde los tres poderes públicos.

Libertad de reunión pacífica
En el último año, dos grupos en específico han sufrido la represión policial en el desarrollo de sus marchas. A finales de abril, varios grupos de discapacitados marcharon desde Cochabamba hasta La Paz para exigirle al gobierno un aumento del subsidio que reciben de 11 a 72 dólares al mes. La marcha tenía como destino la Plaza Murillo, para concentrarse y protestar en frente de la Casa de Gobierno pero la policía bloqueó todas las vías de acceso a la plaza. Al intentar ingresar, la policía reprimió violentamente a los manifestantes. Durante todo el mes de mayo hubo una serie de protestas por los mismos motivos las cuales fueron reprimidas por las autoridades con el uso de gas pimienta, gases lacrimógenos y seis personas fueron capturadas.

Las comunidades indígenas también han sido víctimas de la represión policial. La más grave ocurrió el 18 de agosto de 2015 luego de que los protestantes bloquearan el acceso a un pozo petrolífero exigiendo que debía haber consulta previa antes de autorizar la explotación de recursos en zonas de reserva natural. Ante el uso de gas lacrimógeno, los indígenas levantaron el bloqueo y se resguardaron en una comunidad cercana donde los policías los siguieron, los golpearon y capturaron a 27 manifestantes incluyendo cuatro mujeres y dos menores de edad.

La compañía propietaria encargada de la explotación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), manifestó en un comunicado que la consulta previa no aplica debido a que ese pozo se encuentra en un terreno privado.

Estos casos reflejan la posición del gobierno de Evo Morales por darle prioridad a la explotación de hidrocarburos sobre el cuidado del medio ambiente. Cualquier organización o persona que trabaje por reivindicar el derecho de la tierra estará expuesta a represalias del gobierno nacional, ya sea con el cierre de la organización, o en el caso de la protesta, la represión.

Frente a esta situación, la Confederación Indígena de Bolivia presentó la denuncia ante la CIDH. El objetivo es incluir esta denuncia en el caso que ya se encuentra en la Comisión contra Bolivia por la represión contra la comunidad Chaparina ocurrida hace cuatro años.

Libertad de expresión
La acusación a periodistas por parte del presidente Evo Morales y su gobierno es una constante en Bolivia. Los casos más recientes ocurrieron el 7 de marzo de 2016 cuando el presidente Morales declaró que el representante de CNN en Bolivia es un narcotraficante investigado por la justicia boliviana y que ese medio de comunicación está al servicio del imperio y la dominación. El otro caso ocurrió el 19 de mayo cuando el ministro de la Presidencia acusó a cuatro medios de comunicación de pertenecer a una red de mentiras. Finalmente, el 18 de junio, el Vicepresidente del país amenazó con encarcelar a unos periodistas por difundir una nota donde contaban un escándalo sentimental entre el presidente Evo Morales y su expareja.

Lo anterior afecta directamente la libertad de expresión no sólo por el temor que genera el señalamiento por parte de un alto miembro del gobierno sino que en Bolivia la difamación continúa siendo un delito penal. Esto significa que esas acusaciones por parte del Gobierno pueden eventualmente convertirse en tiempo en la cárcel y finalmente lo que causa es una situación de autocensura. Sumado a esto, la constitución boliviana establece que es deber de los comunicadores promover “los valores éticos, morales y cívicos”. El problema es que estos conceptos no tienen una única definición y son de contenido subjetivo, por lo que el ejecutivo puede usar esta ambigüedad de conceptos para iniciar un proceso contra algún periodista o medio de comunicación.

Por otra parte, el presidente Morales recientemente anunció que iniciará un proyecto para regular el uso de redes sociales en Bolivia. Esto ocurrió luego de que ganara el “No” en el referéndum que se hizo para aprobar o rechazar una cuarta reelección de Morales y el presidente culpara a las redes sociales por la derrota en las urnas.

Todo lo anterior ilustra una situación en la cual la libertad de expresión enfrenta cada vez mayores retos en Bolivia y por decisiones y actuaciones del Gobierno se estrecha constantemente este espacio.

27 de julio de 2016

Reporte 1 - Honduras

Civic Space Monitor
Reporte #1
Honduras
2016-07-06

Freedom of Association:
Social activists in Honduras have been suffering from attacks and harassment which is considerably constraining freedom of association in the country. Activists who face more threats are those who work for land and environmental rights. On December 31st, 2015, the IACHR presented the report on Human Rights in Honduras (http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf). In the report they ask Honduras’ government to follow the IACHR recommendations of protecting social activists. Nevertheless, Honduras’ government answered the recommendations (http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/HO-Observaciones2015.pdf) stating that on May, 2015 was introduced a new law that creates the Protection System for Human Rights Defenders. Under this law, according to Honduras’ government, four activists are now under State’s protection.

The most widespread case was the murder of social activist Berta Caceres on March 2nd, 2016, even though she was under State protection ordered by the IACHR.

Freedom of Peaceful Assembly:
The use of police force has been constant during protests in Honduras. On November, 2015, during the No Violence Against Women Day, a group of women were peacefully protesting outside the President’s office when they were repressed and attacked by police forces. On May 10th, 2016, a group of indigenous were violently repressed outside the President’s office after they gathered to demand the government an investigation following Berta Caceres’ murder. On June 9th, students were repressed by police forces who used tear gas and water tanks.

Freedom of expression:
The Committee for Free Expression reported (http://www.clibrehonduras.com/content/informe-sobre-el-estado-de-impunidad-en-agresiones-contra-periodistas-y-trabajadoresas-de) that 2015 was the year where more journalists were killed since 2003. 12 journalists were killed last year. There have been 3 sentences out of 58 murders that are being investigated. On the other hand, in Honduras, defamation cases are considered a criminal offense which are punished with time in jail. This causes that politicians, business men, and any other person who is subject to criticism, threats the journalists with suing them which harms freedom of expression.

Reporters Without Borders placed Honduras 137 out of 180 countries in the Freedom of Press Report 2016. Compared to last year, Honduras lost 5 places in ranking which reflects the worsening situation.